Esta medida, que entra en vigor el 1 de julio, obligará a muchas empresas a remitir electrónicamente, en un plazo de cuatro días hábiles, el detalle de las facturas emitidas y recibidas a la AEAT
El colectivo está preocupado por el proceso de adaptación informática y sus costes y la limitación temporal de la tramitación
El Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) manifiesta la preocupación de las empresas de la provincia de A Coruña por la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de gestión del IVA, basado en el Suministro Inmediato de Información (SII), dadas las numerosas exigencias que este sistema conlleva. El próximo 1 de julio se pondrá en marcha esta normativa que obligará a muchas empresas a registrar todas las facturas emitidas y recibidas, en un plazo máximo de cuatro días hábiles, a la Agencia Tributaria (AEAT) por vía electrónica.
Las empresas obligadas a utilizar el SII son aquellas cuyo volumen de operaciones excede los 6.010.121,04 euros, empresas inscritas en el régimen de devolución mensual (REDEME) y aquellas que apliquen el régimen del grupo de entidades recogido en el Capítulo IX del Título IX de la Ley del IVA, además de las que decidan sumarse a la iniciativa de forma voluntaria.
La CEC explica que las compañías tienen que realizar un proceso de adaptación informática al nuevo sistema y gestionar una nueva forma de organizar determinadas tareas en los departamentos de administración, a tan sólo cinco semanas de la fecha de inicio, y dependientes de la adaptación de la orden ministerial HFP/417/2017 publicada el pasado día 15 de mayo. Y según la patronal, otras inquietudes del empresariado son los costes de actualización informática que comporta este nuevo sistema y la necesidad de reciclaje en cuanto a la aplicación formal del IVA, ya que la puesta en marcha del SII implicará un cambio muy trascendente, tanto dentro de las propias organizaciones como en su relación con la Administración Pública.
También manifiesta la CEC que los empresarios están alarmados por el reducido plazo de cuatro días para el envío de las facturas, así como el hecho de que muchas empresas que se van a ver afectadas tienen estructuras organizativas muy pequeñas. En este sentido, la CEC pide a la Administración que amplíe el plazo de suministro de la información y que posponga su entrada en vigor.
“Actualmente hay un gran desconocimiento por parte de las empresas por la implicación tecnológica y operativa que conlleva la instalación del sistema. En varias pruebas realizadas en empresas se ha comprobado la complejidad del cambio, y en algunos casos la remisión a la web de la Agencia Tributaria puede generar una evidente situación jurídica de indefensión para las empresas, desconocedoras de varias de las modificaciones que pueden ir colgándose de la misma” –señala la CEC–.