La recaudación tributaria que aportan las empresas en España es del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%, datos de Eurostat que muestran que las compañías españolas pagan más impuestos que sus competidoras

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) muestra su oposición contra las nuevas medidas del Gobierno central adoptadas en el ámbito tributario, dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, y otras medidas urgentes en materia social contempladas en el Real Decreto-ley 3/2016 del 2 de diciembre. Según el Estado, se destinarán a la reducción del déficit público para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea y mitigar las consecuencias negativas que este elevado déficit público tiene sobre la economía española.

Desde un punto de vista empresarial, la CEC explica que este incremento de la presión fiscal agrava “todavía más la excesiva imposición a la que hacen frente nuestras empresas”. Según un informe reciente elaborado por Eurostat, “EU Taxation Trends 2016”, la recaudación tributaria que aportan las empresas en España es del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%, datos que muestran que las empresas españolas pagan más impuestos que sus competidoras.

Además, la patronal señala que estas medidas tributarias lastran la competitividad y, a medio plazo, provocan que las empresas consigan una menor recaudación que la que se habría logrado con otras medidas fiscales.

En concreto, el texto incluye una reforma en el Impuesto sobre Sociedades que afectará a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción de gastos financieros, así como a la modificación de la exención aplicable a dividendos y ganancias patrimoniales recibidos de filiales extranjeras de fuera de la Unión Europea. “La recaudación estimada con estas nuevas medidas para corregir el déficit, unos 5.000 millones de euros, se alcanzará a través de un incremento de la presión fiscal sobre las empresas con el que estamos totalmente en desacuerdo” –manifiesta la CEC–.

Estas medidas se unen a las contempladas en un Real Decreto-ley anterior que modificó el régimen legal de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, incluyendo un incremento de la fiscalidad y que como resultado, el Gobierno espera un incremento de la recaudación.

También en este Real Decreto se limitan mucho las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la Administración Tributaria. En la práctica, la CEC señala que las empresas no podrán aplazar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades ni las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la carga más aplazada por los contribuyentes cada trimestre. “Esta situación va a tener una repercusión importante en la caja de las empresas, siendo imprevisibles las consecuencias de esta medida que, como siempre, se ha tomado por motivos meramente recaudatorios y de control del déficit y no en beneficio de los contribuyentes” –declara la CEC–.